La dieta energética española será en 2020 más «verde», según pretende el Gobierno, pero también será notablemente más cara, según la industria eléctrica. La planificación que el Ministerio de Industria está elaborando refuerza para la próxima década el papel de los molinos de viento y de la energía solar, mantiene sin cambios el sector nuclear, contempla el cierre de térmicas de carbón y prevé que disminuya la aportación de los ciclos combinados, tecnología por la que se está apostando en Asturias para expandir el negocio del kilovatio.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha adelantado, durante las conversaciones para buscar un pacto anticrisis entre los partidos, por dónde van los tiros de su política energética. En trazo grueso, los números que se conocen indican que Zapatero está decidido a ampliar el protagonismo de las energías renovables incluso por encima de los exigentes objetivos que marca la Unión Europea, con el doble propósito de aumentar el nivel autoabastecimiento -reduciendo la dependencia de la importación de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón)- y de contribuir a la lucha contra el cambio climático.
Más energía «verde». En el horizonte de 2020, el Ministerio de Industria prevé que entre los parques eólicos y las instalaciones solares cubran algo más del 30% de la demanda eléctrica nacional. Supone tanto como duplicar el peso que esas tecnologías tuvieron en 2009, año que ya fue histórico para la actividad de los molinos de viento.
El Gobierno trabaja con la idea de que España incremente en un 118% la potencia eólica instalada y que la solar más que se triplique. Tal estimación incluye la instalación de 5.000 megavatios de parques eólicos marinos. Con esos y otros números, el Ministerio que encabeza Miguel Sebastián espera que las renovables aporten el 22,7% de la energía final en España, cuando el objetivo europeo es el 20%.
La patronal eléctrica Unesa ha apuntado al que en apariencia es el punto más vulnerable de esa propuesta: más renovables significan más costes y, con ello, más presión sobre el precio de la electricidad y sobre la competitividad de la economía española. En palabras de ciertos expertos, el Gobierno está preparando una dieta energética que el país no puede permitirse.
Aunque la generación de electricidad es un negocio liberalizado sobre el papel y la planificación del Gobierno es sólo orientativa, a la postre la política energética marca el camino a las inversiones de las eléctricas, como se ha hecho con las primas a las energías renovables.
España, al igual que otros países desarrollados, incentiva la instalación de parques eólicos, huertos solares y otros equipos abonando un plus por kilovatio producido. El pago se financia con cargo a las tarifas eléctricas y está pensado para compensar los mayores costes de inversión que tienen los promotores de instalaciones «verdes» frente a otros productores (térmicas, nucleares...). La factura de las primas renovables superó los 5.000 millones en 2009.
¿Cómo será esa factura en 2020? La patronal eléctrica Unesa ha hecho una aproximación: hacer lo que quiere el Gobierno puede suponer entre 7.000 y 14.000 millones más de costes en incentivos a las energías «verdes», de modo que las llamadas tarifas de acceso, que determinan aproximadamente la mitad del precio de la electricidad, se incrementarán de forma notable. El impacto puede suavizarse si el Gobierno reduce las primas -opción que está en estudio también para amortiguar el riesgo de burbuja especulativa con las energías renovables- o si, como han planteado las eléctricas, se trasladan costes ahora repercutidos en las tarifas que pagan los consumidores (empresas y hogares) a los Presupuestos Generales del Estado.
Menos carbón y gas. El Gobierno prevé que el carbón (nacional e importado) siga reduciendo su peso en la producción eléctrica, pasando de aportar el 12% en 2009 al 9,3% en 2020.
Los documentos de Industria prevén el cierre de térmicas de carbón, por la aplicación de las restricciones ambientales que marca Bruselas (directiva de grandes instalaciones de combustión) o por el agotamiento de la vida útil de las centrales. Se presume que la potencia de los grupos térmicos se reduzca un tercio como consecuencia de esos cierres. Sin embargo, la producción caerá, según las cuentas del Gobierno, sólo un 12%, lo que da a entender que Industria quiere mantener un funcionamiento elevado del parque térmico, presumiblemente prorrogando los nuevos incentivos al uso de carbón nacional que se comienzan a aplicar este año y que favorecen la continuidad de la minería asturiana.
El cierre de instalaciones alcanzará a Asturias. Empresas como HC Energía e Iberdrola ya han previsto la clausura de los grupos más antiguos de sus centrales de Soto de Ribera y Lada. El sector energético regional puede resultar afectado también por otro epígrafe del plan energético de Miguel Sebastián: el Gobierno estima que la producción de los ciclos combinados (centrales de gas natural) se reduzca un 25% en el horizonte de 2020, situación que, según la patronal, agravaría las dificultades de unas centrales que, debido a la caída de la demanda, tienen su rentabilidad muy comprometida.
Reducir el papel de los ciclos combinados puede añadir incertidumbres sobre la viabilidad de proyectos de nuevas centrales como las previstas en Asturias (El Musel, Mieres, Corvera, Lada..), proyectos que, salvo los de HC en Soto de Ribera, están en suspenso debido a la crisis. A escala nacional, señala Unesa, se corre el riesgo de «tener ociosos» 25.000 megavatios de equipos casi nuevos y sin amortizar, construidos durante los últimos años siguiendo las señales de anteriores planificaciones energéticas de gobiernos del PP y del PSOE.
Las eléctricas piden que para sostener los ciclos combinados se les dé una retribución especial por su papel como respaldo de la energía eólica, como energía de emergencia cuando no sopla el viento, misión que comparten con las térmicas de carbón. Sería otro cargo a cuenta del recibo de la luz.
Tomado del diario La nueva España.
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