La reubicación de las familias que viven en parte de los terrenos donde se va a construir la planta hidroeléctrica El Diquís le costará al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) unos $60 millones
Esto representa el 3% del costo total de la inversión, que se calcula en unos $2.000 millones.
El Instituto necesitará 55.000 hectáreas para desarrollar el proyecto, lo cual obligará al traslado de 1.200 personas, incluyendo algunos pobladores indígenas.
Además, la institución tendrá que ejecutar 1.500 expropiaciones y trasladar a más de 260 familias cuyas tierras serán anegadas.
La empresa estatal está buscando terrenos en pueblos cercanos para trasladar a estos pobladores.
A cada finquero se le pagará su propiedad, pero el ICE tampoco descarta que tenga que ayudar en la reinstalación de los pueblos.
“Estamos obligados a ayudarle a la gente; si tenemos que construir lo haremos, pero son decisiones que se tomarán en común con ellos”, expresó Pedro Pablo Quirós, presidente ejecutivo del Instituto.
Por ejemplo, la entidad reparó 75 kilómetros de caminos de lastre que le servirán para la construcción de la planta y a los vecinos.
Para el funcionario, las expropiaciones constituyen una etapa compleja en el desarrollo del megaproyecto y es la principal amenaza para terminar en la fecha fijada.
Por ahora, el Instituto está abierto a comprar las fincas de aquellos propietarios que tengan interés en venderlas en forma inmediata, pero les permitirá mantenerse en ellas y explotarlas hasta que se construya el embalse.
El Diquís es el más grande de los proyectos energéticos del ICE. Desplazará al complejo Arenal-Corobicí -Sandillal como la mayor generadora del país y será una de las tres más grades del istmo.
La hidroeléctrica tendrá una capacidad instalada de 630 megavatios (MW) y su entrada en operación está prevista para diciembre del 2016. El ICE aportará entre 20% y 25% de la inversión.
Confusión
Otro de los escollos que ha tenido que superar el Instituto en este proyecto es la falta de títulos de propiedad en algunas de las localidades indígenas por expropiar.
En ese campo, dijo Quirós, han hecho un trabajo muy meticuloso, por unos dos años, para hablarle a la gente del registro de propiedad porque algunos vecinos desconocen totalmente esa figura.
Para hacer más viable el proceso de negociación e información con los vecinos donde tendrá influencia el proyecto, la institución ha establecido comités locales.
La compra de las tierras para desarrollar la planta se considera parte de la inversión del proyecto.
El Instituto todavía está analizando diversos esquemas de financiamiento para determinar cuál sería el más apropiado.
Una de las posibilidades en estudio es realizar la inversión en asocio con una compañía extranjera.
El ICE ya conoce del interés que tienen empresas chinas, brasileñas y mexicanas de asociarse para participar en la inversión.
Tomado del periódico La Nación de Costa Rica
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