El problema de los tendidos eléctricos vuelve a encabezar la lista de amenazas para la avifauna silvestre, siendo una de las principales causas de mortalidad de las aves. Todos los años hay gran cantidad de aves que mueren por la electrocución o colisión contra los tendidos eléctricos. La mayoría de especies amenazas por este problema están en peligro de extinción. La electrocución tiene un impacto notable, tanto por la cantidad como por el tipo de aves a las que afecta, especialmente aves de tamaño medio y grande que utilizan los apoyos de las estructuras de las líneas de transporte de energía como posaderos. Esta se produce por contacto entre dos conductores o, más frecuentemente, por derivación a tierra de la corriente a través del poste metálico. Los accidentes por colisión afectan especialmente a las aves migratorias. La colisión se debe mayoritariamente al choque de las aves en vuelo con los cables de tierra, de menor grosor que los conductores y situados en un plano superior.
Directrices europeas y normas estatales establecen la necesidad de adoptar medidas que permitan salvaguardar las especies de fauna y, de forma especial, las catalogadas. Es decir, se deben regular medidas de carácter técnico que se tendrán que adoptar para evitar estos accidentes de las aves con las líneas eléctricas,
Sin embargo, y aunque determinadas comunidades autónomas como Aragón, Navarra, Extremadura, Canarias, La Rioja o Andalucía tienen normas al respecto, no existe una normativa específica para el conjunto del país.
Presión de los ecologistas. La presión ejercida desde las oenegés ambientales, como Seo, WWF Adena, o Ecologistas en Acción están obligando a las comunidades autónomas y al Estado a la creación de una normativa de protección de la avifauna.
Aunque hay comunidades que llevan casi quince años preocupándose por este problema (Andalucía es la pionera desde el año 1990), en la mayoría de las comunidades sus decretos son de los últimos años de la década de los noventa. Las últimas en sumarse han sido Aragón, Extremadura y Madrid.
Sin embargo, es patente la necesidad de tener una normativa estatal, en la que se engloben todos los decretos autonómicos, con el que se cubran los vacíos que muchos de ellos tienen. Además serviría para las comunidades que aún no han abordado todavía el problema.
Tomado del Diario de León de España.
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