Este resulta ser un caso muy interesante, la probable corrupción en empresas que estafan a un estado inoperante y/o cómplice. Como siempre el ciudadano común paga las consecuencias. Ojalá que haya justicia y la investigación llegue hasta el final, con las consecuencias para las empresas y profesionales intervinientes. La Justicia citó a indagatoria a dos ingenieros de empresas privadas porque están sospechados de haber cometido un delito, durante la construcción de las tres columnas de la línea de alta tensión de 132 kV de Macachín (La Pampa, Argentina) que se cayeron el 19 de febrero de 2009.
Los profesionales, que pertenecen a la firma constructora Sade-Techint-Skanska y a otra supervisora, Tranel S.A., viven fuera de la provincia y por eso fueron notificados con anticipación. La resolución del juez Nestor Ralli tiene relación con la pericia oficial requerida a otro ingeniero para que determine si se trató simplemente de un mal cálculo o si la empresa adjudicataria de la obra usó menos material del necesario para ahorrar costos. La diferencia entre una u otra conducta es un eventual procesamiento.
Una primera pericia, ordenada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, había concluido que la constructora colocó las columnas a ras del piso cuando debía enterrarlas a un metro de profundidad, y cuestionó la falta de controles.
Hace dos años y nueve meses, un fuerte meteoro de viento, agua y granizo dejó al desnudo las falencias en la construcción de las torres construidas en 2002, durante la gestión del ex gobernador Rubén Marín, por la unión transitoria de empresas conformadas por Sade-Techint-Skanska.
La caída de las tres columnas -identificadas con los números 374, 375 y 376- mostró que no habían sido instaladas debidamente y que sólo estaban posadas sobre un bloque de cemento. Además otras tres, todas ubicadas sobre la ruta provincial 1 a cinco kilómetros al norte de Macachín, sufrieron daños.A raíz de ello, el fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, le dio curso a una presentación de la diputada provincial del Frepam, Josefina Díaz, quien consideró que la construcción de las torres en la línea de alta tensión Macachín-Santa Rosa había sido deficiente. Luego radicó una denuncia penal por "la presunta existencia de delito cometido en perjuicio de la administración pública".
En ese momento, septiembre de 2009, desde la Administración Provincial de Energía -responsable de la licitación se limitaron a decir que investigarían lo que había pasado.LA ARENA aportó un testimonio gráfico que puede ser importante para la investigación: las tomas de las columnas caídas por el viento mostraron claramente que ni siquiera estaban apoyadas en el suelo, sino unos centímetros sobre éste y sus bases recubiertas con un hormigón casi sin armadura metálica.
Ralli, además de disponer el peritaje técnico para saber si hubo o no negligencia de la constructora, también está investigando -como planteó la FIA- qué papel le cupo a otra empresa privada que ganó la licitación para controlar la obra.
Carola acompañó el escrito judicial con las conclusiones de la pericia efectuada por el ingeniero civil Mariano Andrés Tierno, quien emitió un informe muy desfavorable para Sade-Techint-Skanska. El profesional dijo que en la instalación de las torres "no se cumplió según lo indicado en plano conforme a obra".
El profesional planteó "la deficiente calidad en el material del hormigón colado y la carencia de material fino" y "un incorrecto diseño del anclaje entre el pilote y el cabezal".
Pero lo más llamativo resultó la "falta de empotramiento del cuenco receptor de la columna" que, de acuerdo a lo expresado en el cálculo estructural y en plano de acuerdo a obra, debió estar enterrado a un metro del piso.
La pericia, además, dijo que hubo falta de control de los trabajos por parte de la empresa encargada de la inspección, Tranel S.A. y que no se hicieron los controles de calidad de los materiales ni tampoco de la modalidad de construcción, que lejos estuvo de ajustarse al proyecto aprobado y financiado.
En un primer momento la causa fue abierta por la entonces jueza de instrucción, Laura Armagno, pero recién avanzó cuando Ralli se hizo cargo de ella. Una tercera empresa, la neuquina IPE, estuvo a cargo de las reparaciones.
Información tomada de los diarios La Arena y Diario Textual , ambos de La Pampa (Argentina)
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